Contexto de actuación:
A pesar del reconocimiento en el marco normativo boliviano del Derecho Humano a la alimentación y del desarrollo legal y programático sectorial en relación a la seguridad alimentaria de los últimos años, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de la población indígena campesina de Bolivia sigue siendo alta y Bolivia sigue siendo el país con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de Sudamérica (0,662 en 2014).
De acuerdo a CEPAL, la pobreza seguía afectando en 2011, al 55,8% de la población rural y la mortalidad infantil era de 41,4 por cada mil nacidos vivos. Estas tasas aún se acentuaban más en los estratos sociales de extrema pobreza donde la desnutrición crónica en niños/as menores de 5 años del área rural alcanzaba el 38,6% frente al 21% a nivel nacional.
Las comunidades en las que llevará a cabo el proyecto son campesinas e indígenas, mayoritariamente quechuas, cuyo recurso de supervivencia es la actividad agropecuaria ejercida en pequeñas explotaciones familiares. Las comunidades están situadas en zonas de difícil acceso con condiciones climatológicas duras y escasez de servicios básicos. Los recursos naturales productivos están muy degradados y los efectos del cambio climático afectan gravemente a la producción. La presencia de instituciones públicas o privadas en las comunidades es muy reducida, así como la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades productivas.
Respecto a las relaciones de género, sigue habiendo brechas relacionadas con el acceso y control de los recursos naturales productivos, la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre las estrategias productivas y el destino de excedentes es en ocasiones relegada a los varones, persisten patrones alimentarios discriminadores hacia las mujeres y las niñas y existe un déficit de participación en espacios de toma de decisiones.
Descripción de la intervención:
El proyecto contribuirá al ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de la población infantil de 9 municipios quechuas de Bolivia aprovechando el marco legal favorable tras la aprobación de la Ley 622 de Alimentación Complementaria Escolar (ACE), cuyo objetivo es garantizar progresivamente la ACE en las unidades educativas priorizando la provisión local de alimentos de producción agroecológica, y el Plan Nacional de Alimentación Complementaria Escolar que busca fortalecer las capacidades locales así como la gobernanza en torno a la política pública ACE.
Se fomentará su adecuada implementación, con criterios de calidad nutricional y cultura alimentaria tradicional con equidad de género, para que se provea de alimentos de producción local de las organizaciones económicas campesinas y comunitarias (OECAs y OECOMs), contribuyendo a la soberanía alimentaria territorial y dinamizando la Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria sostenible. Para ello, se trabajarán 3 componentes:
1) Articulación de actores para coordinación, gestión y seguimiento participativo de la política ACE. Se conformará y/o fortalecerá una instancia específica en cada Municipio con participación de Alcaldía, Dirección Distrital de Educación, Unidad de Nutrición Integral y representantes de organizaciones campesinas locales y juntas escolares para impulsar, coordinar, dar seguimiento y rendir cuentas sobre la ejecución de una política pública.
2) Diseño participativo entre todos los actores de menús escolares nutricionalmente completos, adaptados a la cultura alimentaria tradicional y a los productos de las organizaciones locales, priorizando los de alto valor nutritivo. Incluye la implementación de un programa de educación alimentaria nutricional, para revertir el patrón alimentario local discriminatorio hacia mujeres y niñas.
3) Fortalecimiento a las OECAs y OECOMs para reforzar sus capacidades de producción sostenible y transformación de alimentos para un suministro regular a la ACE. Se apoyarán prioritariamente iniciativas participadas por mujeres, para promover su empoderamiento y autonomía, incluyendo contenidos orientados a la reducción de brechas de género en la dimensión productiva y especialmente el control de ingresos y participación equitativa en bases y directivas organizativas.
Objetivos:
Contribuir al derecho a la alimentación de la población infantil de 9 municipios andinos desde la producción sostenible de alimentos
Población beneficiaria directa:
Titulares de derechos: 24.758 niños y niñas indígenas quechuas (12.076 niñas).
Modalidad de cooperación:
Cooperación económica no reembolsable
Sector de intervención:
Soberanía alimentaria
Fecha de concesión:
7 de junio de 2019
Período de ejecución:
16/08/2019 - 15/12/2020
Localización geográfica:
Entidad beneficiaria:
Asociación Prosalus
Socio local:
CICPA (líder), IPTK y Aynisuyu
Coste total del proyecto:
212.482 €
Financiación concedida por la JCyL:
169.000 €