Ley 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria

Descripción:

El principio de estabilidad presupuestaria, que actualmente se encuentra consagrado en nuestra Constitución, ha presidido la elaboración de los presupuestos de la Comunidad y del conjunto de las Administraciones Públicas, ha demostrado ser un buen instrumento para garantizar la sostenibilidad de sus finanzas, e hizo posible el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria y un crecimiento económico importante que permitió mejorar el bienestar de los ciudadanos, a la vez que se ampliaban las prestaciones que desde las Administraciones se dirigían a los mismos.

Con el fin de reforzar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y evitar las tensiones que un crecimiento previo de gasto público pueda llegar a ocasionar en algún momento del ciclo económico, se considera necesario establecer un nuevo instrumento de disciplina presupuestaria que evite un crecimiento del gasto público por encima de lo que razonablemente permitiría la estructura económica de la sociedad.

Esta ley tiene por objeto establecer medidas de planificación financiera e instrumentos de disciplina presupuestaria que refuercen el principio de estabilidad, ya recogido en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y que contribuyan a garantizar la sostenibilidad financiera y el resto de los principios rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del Sector Pública de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Estado de la norma:

Vigente

Ámbito de aplicación:

Autonómico

Boletín y Fecha de publicación:

BOCyL nº 211, de 2 de noviembre de 2012

Información adicional:

Incluye modificaciones efectuadas por:

- Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico (BOCyL de 27 de diciembre de 2013)